«La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad la primera parte de las reformas electorales del llamado “Plan B” por vicios graves»
Ciudad de México, México │Por Ángel Ramírez│Escritor de LAGLvL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad la primera parte de las reformas electorales del llamado “Plan B” por vicios graves en el procedimiento legislativo, particularmente por no publicar la iniciativa de ley aprobada con las 24 horas de anticipación que requiere la ley. A continuación, más información.
Las reformas anuladas por la Suprema Corte son las que modificaron las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en 2022. Estas leyes buscaban regular el gasto en publicidad oficial y sancionar a los funcionarios que incurrieran en faltas administrativas o actos de corrupción.
La mayoría de los ministros en la Suprema Corte consideró que la fracción mayoritaria en el Congreso, integrada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, incurrió en graves violaciones al debido proceso legislativo para sacar adelante las modificaciones sin dar oportunidad a la oposición de conocerlas y debatirlas.
Rechazo a las propuestas intervencionistas
Por su parte, los ministros concluyeron que avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que resulta inadmisible. Esto fue parte importante durante dicha reunion.
Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de invalidar las reformas pese al cúmulo de irregularidades legislativas descritas durante la sesión. Ambas ministras fueron propuestas al cargo directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cual es una minoría frente al porcentaje de los demás votos.
Otras reformas pendientes
Las otras cuatro reformas que integran el paquete del “Plan B” electoral serán analizadas en una sesión futura. Estas reformas son las que modificaron las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Fiscalización, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.
El “Plan B” electoral fue impulsado por el Gobierno de López Obrador después de que la Corte declarara inconstitucional una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. El objetivo del “Plan B” era fortalecer el control del Ejecutivo sobre los órganos autónomos encargados de vigilar las elecciones y combatir la corrupción. Sin embargo, parece que no lo veremos aprobado.
Pero dinos, ¿qué opina usted sobre esta decisión de la Suprema Corte? ¿Cree que debió ser así? Háganoslo saber en los comentarios.
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